Mientras las legisladoras Silvia Elías de Pérez y Maira Fernández apoyan la puesta en vigencia de la Ley de Narcomenudeo y piden otras cuestiones, el republicano Ricardo Bussi pretende que el Poder Ejecutivo responda algunas de las dudas que tiene.
“Sabemos que el delito va de la mano con el flagelo de las drogas, por eso, consideramos imprescindible conocer si existen canales seguros de denuncia para los vecinos”, comentó el republicano en una entrevista con LA GACETA. “En este sentido, resulta necesario saber con qué programas de protección y contención a los denunciantes contamos en la actualidad. Ello a los efectos de poder generar ciudadanos dispuestos a involucrarse en la lucha contra el narcotráfico, sabiendo que serán protegidos por el Estado”, añadió.
Bussi, que elevó un pedido de informes al ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa sin que hasta el momento recibiera respuesta señaló: “Cuando hablamos de penalización, sabemos que en el caso de esta ley recae sobre los últimos eslabones de la cadena. Mientras tanto, no atacamos a los verdaderos líderes de estas organizaciones, quienes son responsables de los negocios más importantes en la provincia”.
“¿Las personas involucradas en este proceso han sido capacitadas? La formación y educación constante serán fundamentales para encarar la lucha contra el narcotráfico en Tucumán”, agregó el parlamentario.
La radical Elías de Pérez, mientras tanto, indicó a través de una comunicación telefónica: “Es de destacar la decisión política de sancionar esta ley, máxime cuando es un proyecto presentado por un opositor como José Maria Canelada. En 2019, cuando era candidata a gobernadora tenía una propuesta similar a la que sancionaron, sabíamos que era un tema sensible y de urgencia”.
“Pero son necesarias la creación de una oficina de la Procelac y la Procunar en Tucumán como lo venimos planteando en la Legislatura provincial. El combate al narcotráfico debe ser a fondo. Se dieron pasos importantes, pero es necesario reforzarlos”, añadió la parlamentaria.
En tanto, la oficialista Martínez explicó: “esta norma es un paso significativo en la lucha contra la comercialización de drogas. Hemos visto que la Justicia y la Policía han trabajado fuerte en contra de estas personas. Es una ley completa que no sólo se dedica a la detención de los transas, sino que tiene un enfoque integral al abordar a las personas afectadas por las adicciones”.
“Hace poco se donó una casa decomisada a un transa al arzobispado para la atención de mujeres afectadas por el consumo. Como legisladora me enfocaría en propuestas que incluyan medidas de apoyo para ayudarlas a salir de esta situación. Debería aplicarse un abordaje interministerial para brindar un respuesta integral”, finalizó Fernández.